Economía
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n°327 octubre 2006
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L. Buendía
Cualquier análisis mínimamente serio que pre-
tenda indagar en las razones últimas de los in-
cendios forestales, debe llevarnos, más tarde o
más temprano a motivaciones económicas. No
es ésta simplemente la aseveración de alguien
que se dedica a estos temas, sino más bien la
sencilla constatación de que vivimos en un sis-
tema capitalista cuyo motor es el beneficio pri-
vado. Nada más.
El problema.
Entre el 4 y el 14 de agosto asistimos a una ola
de incendios que arrasó una cantidad de te-
rreno de consideración. Según cifras oficiales,
esos días hubo unos 1.970 incendios en Gali-
cia. El número de hectáreas quemadas oscila
según la fuente empleada entre las 78.000 y las
92.000. Desde entonces, ha habido otros in-
cendios (19 al menos). Estas cifras hacen recordar
otro fatídico año, el de 1989, en el que fueron
8.243 los incendios que quemaron 205.392 hec-
táreas en todo el año
1
. Ciertas estimaciones
hablan además de que el 80% de los incendios
en Galicia son provocados.
Así, no es de extrañar que, según los infor-
mes de la Comisión Europea, Galicia arroje los
peores datos de incendios y superficie forestal
quemada de la UE. Todo ello en un territorio del
que dos tercios lo ocupan montes (unos dos
millones de hectáreas). De ellos, la gran mayo-
ría es de particulares (cerca del 70%).
Son también conocidos los datos de deten-
ciones a raíz de estos incendios, y que se ele-
van ya a 60 personas. Sin embargo, si se cuenta
la cantidad de incendios de este año de la que
han sido responsabilizados, los detenidos suman
un número ridículo en comparación con la ci-
fra final, ya que difícilmente llegaría al 10%: aun
suponiendo que los detenidos sean culpables,
¿qué hay del restante 90%?
Las causas.
La primera causa que se nos viene a todos a la
cabeza (una vez descartada la hipótesis de la
casualidad simplemente con ver las cifras) es
la recalificación de bosques para la creación de
parques eólicos o polígonos industriales, o bien
por intereses inmobiliarios. Los ayuntamien-
tos tienen restringido el cambio de uso del sue-
lo, especialmente si éste está ocupado por
superficie boscosa, por lo que los intereses con-
currentes (tanto de empresas responsables como
de los propios ayuntamientos) en la instala-
ción de este tipo de espacios podrían ser una
razón explicativa.
En el caso concreto de los intereses inmo-
biliarios, el problema no es novedoso, y re-
queriría un artículo específico más allá de la
vinculación con los incendios forestales. Cen-
trándonos por ahora exclusivamente en esto
último, cabe señalar que, a pesar de la reforma
de la Ley del Suelo, sigue habiendo dudas ra-
zonables que nos impiden confiar plenamente
en que se aguardarán los 30 años preceptivos
de la ley hasta recalificar los terrenos. Es de
sobra conocido que la voracidad por los bene-
ficios de las constructoras les ha llevado a cam-
biar su centro de operaciones de una costa le-
vantina donde la arena de playa ha sido susti-
tuida por el ladrillo y el cemento, a un litoral
gallego que les ha abierto los brazos de par en
par, dejando sus responsables políticos entre-
ver su ansia por la llegada de dinero en forma
de construcciones.
Por un lado, 30 años puede no ser mucho para
unas empresas que saben que determinados
emplazamientos no sólo no van a bajar de va-
lor sino que lo aumentarán como ubicaciones
residenciales. Además, no podemos dejar de
lado que dicha ley apenas protege otro suelo que
no sea el forestal, dejando fuera al rústico or-
dinario o al agropecuario. Por otra parte, no
van a faltar los ayuntamientos que no tendrán
escrúpulos en tapar cualquier violación de la ley
del suelo si se les ofrece una compensación eco-
nómica adecuada (los vínculos entre corrup-
ción política -o mejor dicho, de los políticos- e
intereses urbanísticos son de sobra conocidos).
Pero es que la aquiescencia de los poderes
públicos se explica incluso sin necesidad de so-
bornos cuando se sabe que las recalificaciones
son una fuente de ingresos importantísima para
numerosos ayuntamientos. Por no hablar de
que el papel que juega la construcción en el cre-
cimiento económico español es innegable, de
manera que, al haberse convertido en el ver-
dadero motor del que tira el resto de la econo-
mía (por ejemplo, suponiendo casi un tercio
del crecimiento del empleo en el último año),
ningún poder público va a obstaculizar la vo-
rágine especulativa de ninguna manera: se ha
convertido en una cuestión de estado.
Por otro lado, el hecho de que el año pasa-
do la Xunta cambiara de manos y su gobierno
actual haya paralizado numerosos planes ur-
banísticos (algunos en puntos de trascenden-
cia tan importante como el de Vigo, por ejemplo)
hace pensar que los incendios también podrí-
an haberse causado para advertir de que se va
a edificar se oponga quien se oponga, o in-
cluso simplemente como forma de boicot a la
gestión de PSdG-BNG en una materia tan sen-
sible en Galicia como lo es su medio natural.
También deben considerarse los intereses
de la industria forestal, en beneficio de la cual
Galicia ha sido repoblada en numerosas oca-
siones con eucalipto (que arde mejor y seca el
suelo facilitando la extensión de los incendios)
en vez de castaño y roble carballo (especies au-
tóctonas que conservan mayor humedad). Pero
es que para esta industria, incluso la madera que-
mada, y a pesar de las declaraciones hechas a
los medios en los últimos meses, es rentable, dado
que para la elaboración de determinados pro-
ductos, como los tableros conglomerados o la
pasta de papel, sólo hace falta madera tritura-
da, entre cuya materia prima es perfectamen-
te utilizable la madera quemada.
De hecho, parte de las indemnizaciones que
la Xunta prepara ahora para los propietarios de
los montes van dirigidas a compensarles por
las pérdidas derivadas del hundimiento de los
precios a consecuencia del exceso de oferta, lo
que prueba que uno de los grandes beneficia-
dos de la barbarie forestal de este verano son
unas empresas que van a conseguir así made-
ra a muy bajo coste. Eso sí, como con la cons-
trucción, al tratarse de un sector económico
importante (tanto en su rama de pasta de pa-
pel como en la de producción de conglomera-
dos), es muy poco probable pensar en una
actuación de los poderes públicos para atajar esta
situación. Además, el hecho de que esté per-
mitido el comercio de madera quemada no deja
de ser un incentivo adicional para los incendios,
participando de él incluso los ayuntamientos,
ya sea para su propia financiación o repartiendo
entre los habitantes el dinero obtenido por la
venta de la madera resultante del incendio del
monte comunal (ganando así votos).
Podemos encontrar otra causa en la indus-
tria de extinción de incendios, surgiendo de
aquí dos factores diferentes. Por un lado, esta-
rían aquellas personas para las que la provocación
de incendios sería un incentivo, dado que, por
su situación precaria, sólo así se aseguran la
contratación. Sería ésta otra faceta más de la
perversidad de la precariedad laboral, puesto que
tendría fácil solución buscando la contratación
permanente de efectivos que, además, podrían
encargarse todo el año de labores de prevención.
Pero más que esos brigadistas (algunos de
los cuales, a diferencia de los responsables em-
presariales, ha sido detenido) resulta aún más
amenazador todo el dinero que se mueve en la
extinción de incendios, tanto por las empre-
sas encargadas de su extinción directa como por
aquellas otras a quienes se les alquila su ma-
quinaria. Es evidente que estas empresas tie-
nen un interés en que sigan existiendo
incendios.
Otras causas económicas son menos direc-
tas, como sería, por ejemplo, el empleo del di-
nero de las ayudas procedentes de la UE en los
años del fraguismo, ayudas muy superiores a
las recibidas por el resto de comunidades e in-
cluso tres veces superiores a las que recibió el
norte de Portugal. A esta altura resulta más
que evidente que en vez de dedicar todas esas
subvenciones a la creación de autovías que
permitan llegar fácilmente a la playa desde el
centro (en clara correlación de intereses con
la motivación urbanística mencionada antes)
o a otros fines menos confesables (a cambio de
votos), se debería haber puesto algún empe-
ño en la modernización de la economía galle-
ga, incluyendo el medio rural, donde habría
que buscar usos ecológicamente sostenibles
tanto de los montes como del resto de espacios
de dicho medio, y previniendo el abandono
del campo.
La conclusión.
Resulta obvio que en Galicia hacen falta nue-
vos modelos de gestión del territorio que sean
compatibles con la pervivencia del patrimonio
natural, favoreciendo, por ejemplo, el fin del mo-
nocultivo (de eucaliptos o, en su defecto, pi-
nos, como sucede hoy día) como fuente de
ingresos y terminando institucionalmente con
cualquier influencia que puedan tener los in-
tereses de los grupos de poder aquí menciona-
dos en el uso de los montes (por ejemplo,
impidiendo efectivamente las recalificaciones
de áreas arrasadas por el fuego o el comercio de
madera quemada).
Culpabilizar al ciudadano común o, incluso,
al pirómano (cuando los especialistas estiman
que no hay más de 100 en toda España), como
se ha hecho continuamente estos días, es muy
fácil. Sin embargo, la problemáticas aquí plan-
teada deja entrever la conexión estructural de
estos intereses con el sistema en que vivimos.
La labor de los incendiarios motivados por es-
tos intereses es, sin duda, absolutamente racional
desde perspectiva capitalista, dado que se bus-
ca un uso más rentable de los bosques. Un sis-
tema cuyo funcionamiento depende
exclusivamente del beneficio privado es un sis-
tema que sólo protegerá la naturaleza (y el res-
to de la vida) por casualidad, es decir, si con ello
favorece la creación y expansión de ese mis-
mo beneficio. Y así nos va.
Para profundizar:
Interesante Blog sobre los incendios fores-
tales en Galicia: http://incendios-foresta-
les.blogspot.com/
Notas:
[1] Curiosamente, tanto entonces como aho-
ra, el Partido Popular está en la oposición,
con lo que parece adquirir peso la idea de
la estrategia (literalmente) de tierra que-
mada seguida por la derecha tras perder el
poder. Este hecho tendría también sus
motivaciones económicas dado que la su-
cesión política supone el fin de los privile-
gios de determinados grupos de poder
anquilosados en 15 años sin alternancia.
Y no es que el Partido dos Socialistas de
Galicia (PSdG) o el Bloque Nacionalista
Galego (BNG) carezcan de intereses eco-
nómicos: se trataría más bien de la pugna
entre redes clientelares y de poder anqui-
losadas, y otras nuevas que podrían em-
pezar a crearse ahora.
Incendios forestales y economía.
Un matrimonio de conveniencia
En los últimos meses hemos vuelto a asistir al pavoroso espectáculo de la quema de
montes en distintos lugares de la Península. Las lluvias de datos posteriores no sirven
para hacer menos dolorosa una realidad cuya frecuencia deber llevarnos a preguntarnos
qué es lo que se hace mal. En algunos lugares, estos hechos adquieren una inusitada
frecuencia. Tal es el caso de Galicia, y por sernos una realidad algo más conocida, es de
las causas de los incendios gallegos de lo que vamos a hablar a continuación.
FORGES