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Secretariado Permanente del
Comité Nacional de la CNT
S
abemos que, en cualquier caso, lo
importante de una ley "progresista"
es su desarrollo y aplicación si no
quiere convertirse en papel mojado
con función propagandística (véase,
por ejemplo, el derecho al trabajo y a una vi-
vienda que anuncia a "bombo y platillo" nues-
tra Constitución). Sabemos que nuestra
Constitución no supuso una "ruptura democrá-
tica" con la dictadura franquista sino una "adap-
tación" de sus leyes a la "nueva realidad", y
que la Ley de Amnistía de 1977 fue una "ley de
punto final" que dio toda la impunidad imagi-
nable a los responsables de la criminal dictadura
(bajo la excusa de sacar de las cárceles fran-
quistas a los presos políticos), haciéndonos par-
tícipes de una "eterna transición" que deja
pendiente de resolver injusticias lacerantes.
Sabemos que no se construye futuro sobre
cimientos firmes olvidando el pasado (olvido
al que se apuntaron alegremente todos los par-
tidos de la izquierda parlamentaria para aco-
plarse al nuevo poder), y que "nuestra
democracia" no será tal, entre otras muchas co-
sas, hasta que se reconozca oficialmente nues-
tro pasado ignominioso, se haga justicia y se
repare la deuda con las víctimas (huyendo de
las equidistancias, de valorar por igual o de
dar "una de cal y otra de arena").
Sabemos del peso (hecho de miedos, silen-
cios, manipulaciones y confusiones) que el
franquismo ha dejado en las mentalidades de
las personas de varias generaciones (tanto de
izquierda como de derechas), y en el funcio-
namiento actual de muchas instituciones (la
Iglesia, la monarquía...), partidos políticos, or-
ganismos (...Fundación Francisco Franco...) y
aparatos mediáticos (véase por ejemplo el apo-
yo editorial al revisionismo franquista).
Sabíamos también, por todo ello, que no
cabía esperar gran cosa de la Ley de Memoria
Histórica que el gobierno del PSOE estaba ges-
tando (prevista para 2004 y retrasada en va-
rias ocasiones) acuciado por numerosos
colectivos para la recuperación de la memoria
histórica y de víctimas del franquismo, así como
de asociaciones internacionales de derechos
humanos (Amnistía Internacional, Equipo Niz-
kor...), incluso por organismos internacionales
(como el Departamento de Desapariciones For-
zadas o Involuntarias de la ONU, o el propio
Parlamento Europeo), y que de hacer algo se-
ría debido a la presión y al ánimo de rentabi-
lizar electoralmente estas "preocupaciones".
¡Y así ha sido!, una vez más (y ahora ya no
caben más oportunidades, excusas, esperas)
los que nos gobiernan no han estado a la al-
tura de las circunstancias, no han tenido la
clarividencia y valentía suficiente para cerrar
el eterno capítulo supurante de nuestra his-
toria, ofreciéndonos más de lo mismo... PARA
ESO NO HACE FALTA NINGUNA LEY.
El anteproyecto de ley: "por la que se re-
conocen y amplían derechos y se establecen
medidas a favor de quienes padecieron perse-
cución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura", que comienza con una alabanza
al modelo de transición (sin ninguna crítica)
y que no menciona ni una sola vez el golpe de
estado de 1936, NO SIGUE LAS NORMAS IN-
TERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS al
trasladar la responsabilidad del Estado a las
asociaciones y particulares (que recibirían sub-
venciones para desarrollar labores como la lo-
calización y exhumación de las más de 800
fosas comunes que siembran España...dentro
del contexto histórico y no del judicial como
sería obligado), proponiendo meras medidas
de carácter asistencial cuando no de simples
RECOMENDACIONES.
No sólo NO ANULA las sentencias franquis-
tas (repletas de irregularidades jurídicas) sino
que equipara víctimas con verdugos ("cual-
quiera que fuera el bando", art. 2) optando
por el "divide y vencerás" cuando propone la
posibilidad de obtener una "Declaración de re-
paración y reconocimiento personal" (art.4)
que INDIVIDUALMENTE deberá ser solicitada a
la Comisión Interministerial para que, a través
de un Consejo, resuelva publicándolo en el Bo-
letín Oficial del Estado. En definitiva, algo muy
parecido a las "solicitudes de depuración del
expediente" que durante el franquismo reali-
zaron los Juzgados de Revisiones del Ministe-
rio de Educación Nacional para volver a
habilitar a maestr@s depurados.
Para rizar el rizo las solicitudes tendrían
un plazo de 1 año para ser presentadas con la
documentación precisa (documentación que
dado el estado de los archivos y su difícil ac-
ceso, en un país como el nuestro sin una ley
de archivos y con una normativa de 1901 que
los rige, lo hace imposible en muchos casos),
y de ninguna manera serviría "para que se re-
conozca cualquier tipo de responsabilidad pa-
trimonial del Estado" (art. 7.2), sin crear una
oficina de información de desaparecidos ni una
Fiscalía especial para obligar a las distintas ad-
ministraciones públicas a facilitar documen-
tos, información sobre fosas...(por ejemplo a
la manera que el franquismo llevó a cabo des-
de la llamada Causa General).
Las compensaciones económicas a las víc-
timas, que se plantean como nuevas o am-
pliación de las existentes,
se presentan una vez más
bajo el paraguas de las me-
didas puntuales y restricti-
vas en donde las compen-
saciones no se deben a la
condición y reconocimien-
to de víctima sino como
concesión administrativa,
sin ser proporcionales al
daño infringido y sin bus-
car responsables (impi-
diendo hacer oficialmente
público los nombres de los
responsables de la represión
-art.7.3- cuando según la
normativa vigente el secre-
to documental sólo llega a
los 50 años).
Y nosotr@s nos pregunta-
mos: ¿dónde está la devo-
lución del patrimonio
incautado a particulares y
colectivos? (el de CNT, va-
lorado en más de 150 mi-
llones euros, sólo ha sido
devuelto en 30 años de "de-
mocracia" en un ridículo
porcentaje, recibiendo la
UGT 60 veces más: el uso de la memoria his-
tórica no para reparación y justicia sino para
uso político); ¿dónde está el reconocimiento y
compensación a los guerrilleros antifranquis-
tas, a los asesinados por la policía hasta 1980
(la compensación económica llega sólo hasta
1977); dónde la compensación por parte del Es-
tado y las empresas beneficiadas por el traba-
jo esclavo de los presos políticos?; ¿dónde la
condena firme de la apología del franquismo
(y su inclusión en el sistema educativo)?; ¿se
seguirá ofreciendo subvenciones públicas a
aquellos colectivos e instituciones que hacen
apología de la dictadura?.
Con todo, de lo más cínico y rechazable del
anteproyecto es la justificación de acudir ex-
clusivamente a la memoria individual y fami-
liar negando una memoria colectiva (para eso
no hace falta ley) que es tildada de "supuesta
memoria" (Exposición de Motivos), cuando una
de las reclamaciones principales de las distin-
tas asociaciones y colectivos es la necesaria so-
cialización de la historia, en aras de la justicia
y la reparación, y como todas las leyes inter-
nacionales de derechos humanos exigen. ¿Qué
es eso que no es tarea del legislador implantar
una "determinada memoria histórica", tal vez
se refiere a los conceptos de nación, naciona-
lidad, españoles...que aparece haciendo refe-
rencia a una "determinada memoria histórica"
a lo largo de toda clase de legislaciones?
Y ¿cómo hablar de "educación en valores"
cuando la condena de crímenes es condición
previa para no repetirlos e instrumento fun-
damental para la educación en esos valores?;
¿cómo hablar de "educación en valores" cuan-
do el gobierno NO HA FIRMDADO aún el Con-
venio para la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de la
ONU; cuando mantiene una política de "palos
de ciego" en relación a la recuperación de la
memoria histórica, reuniéndose con la Falan-
ge, haciendo desfilar con el mismo valor a un
resistente republicano y liberador de París con
un divisionario de la Azul, acudiendo presto a
la inauguración de un museo sobre el militar
genocida (en España y Marruecos) Mizzian,
apoyando la construcción de un hotel de lujo
en Casas Viejas (Cádiz) con el reclamo de la ma-
tanza de jornaleros de 1933, concediendo el
Premio Príncipe de Asturias 2005 a las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl (carceleras
de las presas políticas)?; ¿cómo hablar de "edu-
cación en valores" cuando se nombra comisa-
rio provincial de Tenerife a A. Gil Rubiales
(condenado en 1989 por Tribunal Supremo por
torturar hasta muerte a J. Arregui), y cuando
se soportan las denuncias de la Coordinadora
para la Prevención de la Tortura (que para 2005
aportan 598 casos en España)?
Si alguna virtud tiene este anteproyecto es
mostrar claramente el patético modelo de tran-
sición y por extensión el de cuestionar nuestro
presente, teniendo el honor de tener a TODOS
EN CONTRA: a las numerosas asociaciones y co-
lectivos, que no han sido tenidos en cuenta a
la hora de ser informados de la características
y evolución del anteproyecto, cuando en la Ex-
posición de Motivos se reconoce que surge para
dar "definitiva respuesta a las demandas de esos
ciudadanos" porque "se trata de peticiones le-
gítimas y justas"...SIN COMENTARIOS.
Pero lo importante ahora es que l@s
niet@s, bizniet@s, hij@s conscientes y pro-
tagonistas de aquellas épocas mantengamos
las reivindicaciones y las luchas, que ningún
colectivo se acoja a las distintas subvenciones
que terminen legitimando esta futura ley... y
que no compren nuestro silencio de esa ma-
nera... con cuatro duros, con una medallita al
Mérito Civil (art. 21), o con un sellito conme-
morativo (Ley 24/2006 por la que se declara
2006 Año de la Memoria Histórica).
Editorial
cnt
n°327 octubre 2006
3
3
"Todo queda atado y bien
atado": una ley para el olvido
Mutis
Sabemos que las leyes en un sistema capitalista como el que sufrimos forman parte de
ese mismo sistema y favorecen su fortalecimiento y reproducción. Sabemos que "el que
hace la ley hace la trampa" y que las leyes sirven también para dar apariencia de cambio
"y que todo siga igual".

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