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gular de aparente aridez cuyos límites vie-
nen determinados por dos carreteras, la que
conecta Candelaria con el Polígono de Güí-
mar, y la transversal a la anterior hasta el
cuartel de la Guardia Civil; y el mar y un ba-
rranco, a uno de cuyos márgenes se sitúan las
primeras naves del Polígono Industrial.
pecie de caracol endémica de Tenerife
(hemicycla plicaria), en gravísimo peligro de
extinción, algo que supuso el traslado de
ejemplares de esta especie por parte de per-
sonal del Cabildo cuando empezaron las obras
del tercer carril de la autopista sur y que afec-
taban a otra zona próxima donde también
había ejemplares de esta especie.
marines más próxima a la costa como no
edificable al mismo tiempo que se la definía
como "Parque Urbano", designación ambigua
y engañosa, ya que puede englobar desde un
parque infantil a una masa de hormigón y
asfalto con cuatro plantones que cubran el ex-
pediente para "zona verde". Mientras, en la
parte alta, las construcciones llegarían a 4 -
6 pisos, y la población máxima calculada para
la zona será de unos 2800 habitantes. Cual-
quier persona que se pare a pensar sobre esta
actuación seguramente llegará a la misma
conclusión que nosotros: la construcción en
Samarines de 4, 5 ó 6 moles con el número
de pisos antes mencionado, así como la po-
blación que albergaría, supondrá una presión
tal para la zona no construida que ineludi-
blemente llevará a la destrucción del escaso
entorno natural que las constructoras hayan
"respetado", y con ello a la desaparición de
dentro de estas últimas a las lechugas de mar,
que tienen en este tramo de la costa de Can-
delaria una de sus últimas reservas.
No ha habido colectivos de ningún tipo inte-
resados en plantear resistencia a la destruc-
ción de Samarines. Quizá fuese por la
importancia que en esta localidad tinerfeña
se ha dado al caso de las viviendas de Cho
Vito, poblado marinero con una antigüedad
de unos 50 años amenazado de demolición.
La pugna política y mediática por la conser-
vación de este espacio, en parte discutible
en cuanto a la apropiación indebida del es-
pacio marítimo terrestre en detrimento del
uso público del mismo, pero asumible por
quienes buscan la justicia social al ser un
caso flagrante de especulación inmobiliaria
por parte de Ayuntamiento y constructoras,
y de abusos contra algunas de las familias
que tienen como única residencia la casa o
casa-cueva que habitan en Cho Vito, además
de escasos recursos para afrontar la compra
de otra en un mercado con unos precios de
economía europea hiperdesarrollada donde
los salarios son de miseria, ha atraído todas
las miradas.
Candelaria se hayan llevado a cabo otras ac-
tuaciones que han supuesto la pérdida de ca-
lidad de vida de sus habitantes, porque no
olvidemos que la naturaleza es un bien común
cuyo respeto mejora en gran medida las con-
diciones de habitabilidad de nuestros pue-
blos. Candelaria, con actuaciones como las
que se están llevando a cabo en Samarines ha
perdido uno de esos espacios naturales, por
ello, la vida en este municipio será desde aho-
ra bastante peor. ¡Adiós Samarines!
plataforma, queremos mostrar a la sociedad
vasca, a sus instituciones y a los partidos po-
líticos nuestra preocupación por la falta de
claridad y de criterio a la hora de tomar la
importante y trascendente decisión de fu-
turo de construir macrocárceles en territo-
rio de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, tal y como tiene aprobado y proyec-
1º. No existe un diagnóstico sobre las nece-
de cumplimiento) ni a nivel de Euskadi, ni
de Araba o Gipuzkoa que fundamenten la
pertinencia de estos proyectos y, se ha uti-
lizado mediáticamente el argumento de
que las cárceles de Nanclares de la Oca y de
Martune están en condiciones deplorables
no por una preocupación por las personas
recluidas en ella, sino por el interés de jus-
tificar la necesidad de nuevas cárceles, sin
ofrecerse ninguna garantía de que será ce-
rrada la actual y obsoleta prisión situada
en Nanclares de la Oca y, respondiendo la
intención de cerrar Martutene a intereses
urbanísticos multimillonarios ajenos a las
necesidades tanto de las personas presas
como de la ciudadanía del municipio de
Donostia-San Sebastián.
baia en el municipio de Nanclares de la
Oca, como el proyecto de cárcel en Zubie-
ta que inicialmente se ha hecho público,
plantean construir centros con 500 cel-
das compartidas, propuesta que es in-
compatible con lo que establece la ley y,
las convierte en la práctica en macrocár-
celes capaces de albergar a más de 1.000
personas cada una.
nicipios de Nanclares de la Oca y Zubieta,
de sus vecindarios correspondientes an-
tes de poner en marcha unos proyectos
mastodónticos de esta envergadura. Tam-
poco, desde un punto de vista de desa-
hecho que sepamos los pertinentes infor-
mes, evaluando los impactos ecológicos y
humanos de estos proyectos.
truir nuevas prisiones, responde a un
modelo que en lugar de buscar crear las con-
diciones para que haya menos personas
recluidas mediante el impulso de políti-
cas de incorporación social, apuesta por
miento como la fundamental, por no de-
cir única respuesta a los conflictos sociales,
apuesta que está en el origen del incre-
mento desmesurado de la población re-
cluida.
trando su ineficacia puesto que es incapaz
de proteger y reparar a las personas cuan-
do somos víctimas de un delito, ni de ga-
rantizar nuestros derechos fundamentales
cuando somos procesados o penalizados
como presuntos infractores, por lo que re-
sulta imprescindible revisar su papel.
mostrando que se centra principalmente en
la criminalización selectiva de colectivos
en situación de exclusión social y de de-
terminados tipos de disidencia política,
no existiendo un debate político partici-
pativo sobre que modelo y prioridades en
la lucha contra el delito se ha de estable-
cer desde los intereses generales y plura-
les de la ciudadanía y no desde los intereses
particulares del estado y de sus aparatos
de control policial y penal. Y mucho me-
nos existe un diagnóstico y debate sobre
las respuestas más adecuadas que hemos
de articular para la prevención y trata-
miento del delito.
tuciones implicadas a que acaten la resolución
mayoritaria del Parlamento Vasco de Febre-
ro de 2006 en la que se pronuncia explíci-
tamente en contra de la construcción de
"Centros tipo" en la CAPV como los plante-
ados en Zubieta y Nanclares de la Oca.
macrocárceles responde a un modelo que
apuesta por mantener la penalización y el
encarcelamiento única respuesta a los
conflictos sociales