"papeles de Salamanca" en general, sino úni-
camente de los "fondos documentales de la
Generalitat de Cataluña".
despropósito de sugerir al gobierno diversas
formas de cerrar el paso a las restantes recla-
maciones de otras personas y entidades. Han
repetido hasta la saciedad que el Archivo con-
servará el 97,5% del material original (unas
20.000 cajas), y recibirá fondos procedentes
de otros archivos, muy superiores al 2,5% que
pierden con la devolución a la Generalidad ca-
talana. Se entretienen con los números y por-
centajes, olvidando lo esencial: la justicia, la
restitución material y moral a todas las vícti-
mas de la represión.
del archivo ante futuras reclamaciones. Pero no
había manera de justificarlo jurídicamente". Es
decir, reconoce que la justicia está de parte de
las víctimas expoliadas. Pero por otro lado, le
preocupa que haya que restituir a otras enti-
dades (que no sean la Generalidad de Catalu-
ña) los papeles que les fueron arrebatados.
Siento mucho tener que decir que me ha de-
cepcionado muy profundamente el autor de
La Ideología política del Anarquismo español
(1868-1910) y otros libros excelentes.
tos Sociales (y, ¡ojo al dato!, diputado por Sa-
lamanca), Jesús Caldera declara en El País de
8/01/2005: "Que nadie reivindique más, por-
que el Gobierno no va a aceptar ninguna otra
reivindicación. Ninguna, A nadie le asiste tí-
tulo alguno para poder pedir más documentos".
Pues sí señor, a la CNT, y a otras asociaciones,
nos asiste el ser la misma organización que
fue expoliada y masacrada y que, a pesar de
ello, consiguió tener una continuidad orgáni-
ca a lo largo de todos estos años, en el exilio
y en la clandestinidad. Y nos asiste el derecho
internacional como he indicado anteriormen-
te. Se lo puede decir Federico Mayor Zarago-
za, exdirector de la UNESCO y presidente de
"su" Comisión de Expertos.
do a imponer unas triquiñuelas jurídicas dise-
ñadas "a la medida" que cumple la Generalidad
y no cumplen los demás. Así, ponen como fe-
cha límite para haber efectuado la reclamación,
el año 1984, Justo el año que la Generalidad
cumplimentó la suya. Y sólo pueden reclamar
entidades públicas, lo que dejaría fuera a los par-
ticulares y a todo tipo de organizaciones no es-
tatales, como la CNT y el MLE. Nos tienen que
explicar qué argumento jurídico justifica esta
discriminación. Pero, luego, para no atender
las reclamaciones de cientos de ayuntamien-
tos, del Gobierno Vasco y otras instituciones
públicas, exigen otro criterio dudoso, la "con-
tinuidad histórica ininterrumpida". Otra "sin-
razón" más, particulamente dolorosa puesto
que, aún en el caso de haber existido discon-
tinuidad, ello no sería culpa de las institucio-
nes (u organizaciones) afectadas, sino
consecuencia del ilegal "Movimiento Nacional".
comienda la Comisión de Expertos y acepta
gustoso el Gobierno no van a impedir una cas-
cada de reclamaciones, de personas y familias,
de centenares de ayuntamientos, organismos
autonómicos. Las Cortes Valencianas que an-
dan a la greña con Cataluña en el pugilato in-
terregionalista (como Navarra con Euskadi),
ya ha anunciado su reclamación (¡?).
o municipales que reclaman lo que no es suyo,
Las autonomías del País Valenciano y de Ara-
ello, hemos tenido ocasión de leer que las Cor-
tes de Aragón, a iniciativa de la "Chunta" (y
de José Antonio Labordeta) y de la Dirección
General de Patrimonio del Gobierno de Ara-
gón, aprobaron el pasado mes de septiembre
reclamar los papeles robados (145 cajas de le-
gajos) en Aragón en marzo de 1938. Y el Cen-
tro de Estudios Masinos (de Mas de las Matas)
reclama desde 1978 los documentos robados al
Centro Republicano, a la Colectividad Liberta-
ria y al Consejo de Aragón. ¡Toma ya!
es suyo. Ni la "Chunta" ni el Centro de Estu-
dios Masinos existían cuando la guerra. Si al-
guien tiene derecho a reclamar los fondos
documentales del Consejo de Aragón ésas son
la CNT, FAI y FIJL, que crearon e impulsaron
este nuevo organismo regional revolucionario.
El Consejo de Aragón se constituyó en Fraga a
mediados de octubre de 1936 bajo los auspicios
de las milicias CNT-FAI y con composición ne-
tamente libertaria. No obtuvo reconocimiento
legal del gobierno, ni del Frente Popular, has-
ta el 17 de diciembre de aquel año. En aque-
a los siete representantes de las organizacio-
nes libertarias, otros siete miembros de los par-
tidos (IR, UGT, PCE y Partido Sindicalista).
zación es la CNT, que fue la principal -a veces,
la única promotora- de las mismas. Por su-
puesto, los fondos de la CNT aragonesa, son de
la CNT aragonesa, no de cualquier entidad por
muy aragonesa o aragonesista que se proclame.
Tampoco las Cortes Valencianas tienen derecho
a reclamar los fondos de las organizaciones y
colectividades libertarias levantinas.
dueñas de estos archivos se les reconociera la
propiedad de los mismos y estuvieran de acuer-
do en cederlos en depósito a un único centro
para servir en mejores condiciones a la comu-
nidad científica y a la sociedad, según mi opi-
nión, este centro no debería estar en Salamanca.
ficiencia de medios técnicos y humanos, de
dotación presupuestaria, etc etc. No podemos
olvidar que España es uno de los países euro-
peos que menos invierte en cultura y que Cas-
tilla y León es una de las autonomías que
menos dinero dedica a este capítulo. A esto
hay se le añade la insensibilidad de los go-
biernos hacia la recuperación de la memoria
histórica reciente.
ve, desde mi punto de vista. Desde sus inicios,
el Archivo ha estado vinculado a la ciudad y
se fue nutriendo de papeles venidos de otras
provincias de la geografía española. No hay en
el Archivo documentos expropiados a las or-
ganizaciones antifascistas salmantinas ya que
éstos fueron, sencillamente, destruidos. La re-
presión acabó muy pronto con el antifascismo
local y provincial de modo que los salmanti-
nos, en general, adolecen de esa sensibilidad
que sí tienen las provincias "vencidas" para
valorar la carga simbólica y trágica de los fon-
dos documentales que les fueron arrebatados.
En su lugar, el salmantino ha internalizado en
impartida por los "vencedores", un sentido
"patrimonial" del Archivo, que considera de
"su" propiedad.
riencia progresista de algunos de ellos. Así lo
pude comprobar hace unos años, cuando fui
allí para estudiar el material requisado al Mo-
vimiento Libertario del Norte. Llevaba dos cre-
denciales: una, avalada por el CR de Euskadi de
la CNT; otra, por un profesor-doctor en Histo-
ria Contemporánea de Universidad Pública Vas-
ca. Tomaron ésta última y desdeñaron la
primera. Luego me tocó sufrir los principales
obstáculos que el Archivo pone a los estudio-
sos: la desidia del personal y la enorme pérdi-
da de tiempo malgastado en la burocracia
interna. Los documentos nos eran facilitados
al cabo de veinte o treinta minutos y, a menu-
do, de folio en folio. Por estos motivos, el his-
toriador Javier Tusell asegura que la
"productividad" de este centro es de las peo-
res de España. Mi experiencia en distintos ar-
chivos de Cataluña, Madrid y Euskadi, lo
ner documentación, siendo esto falso. Tal es el
caso de la familia de Aurelio Sanz, conocido
militante cenetista de Tolosa, que recurrió al Ar-
chivo para que le proporcionasen el documen-
to acreditativo de cómo fue capitán de un
batallón confederal, al objeto de reclamar la
correspondiente indemnización. El Archivo con-
testó que allí no constaba ningún dato relati-
vo a dicho compañero. Finalmente la familia
recurrió a la CNT. Por suerte, entre las fotoco-
pias con los que yo trabajaba, pude localizar la
que necesitaban, cuyo documento original sí
obra en poder del Archivo de Salamanca.
bido los fondos, lo que dice mucho de la
"sensibilidad" de sus rectores y empleados. El
Gobierno Vasco hace tiempo microfilmó bue-
na parte de documentación concerniente al
País Vasco, a cargo de sus presupuestos. La Ge-
neralidad terminó de microfilmar las famosas
507 cajas de legajos en 1993, que costeó tam-
bién el ejecutivo autónomo. Más tarde los ha
digitalizado. ¿Qué ha hecho, mientras tanto,
el Archivo salmantino?
manca en un centro de referencia nacional y
mundial y acrecentar sus fondos incorporan-
do los que se desgajaron en su momento (como
los que están en el Archivo General Militar de
Ávila), así como otros dispersos en distintos ar-
chivos y dependencias militares de toda Espa-
ña. Como nos recuerda el historiador Javier
Tusell todo este proyecto del Ministerio de Cul-
tura (Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo)
del gobierno del PP no fue más que un enga-
ño para evitar la desmembración del Archivo.
Todo el montaje se desvaneció en cuanto pasó
la tormenta mediática.
ca de seis mil personas que reclaman su dere-
cho a percibir las indemnizaciones reconocidas
por el Gobierno Vasco, y que se van a quedar
sin ellas, por no estar disponibles los docu-
mentos necesarios para acreditar su privación
de libertad. La mayoría de estos documentos
siguen almacenados en diversos archivos, en
su inmensa mayoría en malas condiciones, de
manera desordenada, desperdigada e inaccesi-
ble al público. Por este motivo, de un total de
8.718 solicitudes, el ejecutivo vasco ha dene-
gado las ayudas a 5.616 personas.
deramente crear un único centro que reúna
toda la documentación relativa a la guerra ci-
vil y a la represión franquista; si tanto les pre-
ocupa no disgregar los fondos documentales
actualmente existentes en Salamanca (a los que
no renuncian sus legítimos dueños), ¿acepta-
rían que se trasladara todo el Archivo, por ejem-
plo, a Barcelona, que ha dado muchísimas más
muestras de profesionalidad y sensibilidad?
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las colectividades agrarias, ésa organización es la
CNT, que fue la principal -a veces, la única
promotora- de las mismas
sin gestionar como es debido los fondos, lo que dice
mucho de la "sensibilidad" de sus rectores y
empleados