(Miembro del Comité Nacional de la CNT)
polémica artificial en torno a victimismos re-
gionalistas y localistas, al desmembramiento de
Castilla o de España,... Las autoridades de Sa-
lamanca y de Castilla y León han anunciado
"batalla" judicial. Así, las Cortes Regionales
han aprobado una ley de Archivos y otra ley
de Patrimonio Cultural que están fuera de sus
competencias y estudian el recurso por posi-
bles defectos de forma en la toma del acuer-
do (falta de acta, anomalías en la reuniones
habidas) o en la constitución de la Comisión
de Expertos. Pretenden dejar el Archivo "ata-
do y bien atado".
hicieron eco del comunicado del Comité Na-
cional de la CNT al respecto. En la gran mayoría
de estas publicaciones, la gran ignorada ha
sido la CNT, una de las entidades más expo-
liadas y reprimidas por el régimen de Franco.
rebelión militar fascista protagonizada por
Mola, Franco, Sanjurjo y otros "gloriosos" ge-
nerales que omito citar -pues siguen dando
nombre a las principales plazas, avenidas, ca-
lles, hospitales, etc... de la mayoría de ciuda-
des y pueblos de la España democrática de
hoy- otro de los "salvadores de la patria", el
fascista Ramón Serrano Súñer, creó la Delega-
ción Nacional de Servicios Documentales de la
Presidencia del Gobierno.
cales, instituciones y personas "desafectas" al
nuevo régimen y su misión fue esencialmen-
te represiva: el régimen obtuvo en la abun-
dante documentación requisada las pruebas
inculpatorias para proceder a una vasta y
cruenta represión, que no cesó al término de
la guerra. Yo, que hace años pude acceder al
Archivo, recuerdo aún cómo me impresionó
manejar documentos en los que los nombres
de militantes anarquistas y anarcosindicalistas,
que luego serían fusilados, aparecían subra-
yados con lápiz rojo. En ellos de material re-
quisado a la CNT, FAI y FIJL en el cual se
especificaba la afiliación, los cargos y las fun-
ciones de todos aquellos compañeros en di-
chas organizaciones.
tre la mayoría de las fuerzas políticas un pac-
to de silencio sobre el pasado reciente. La
voluminosa documentación del Archivo de Sa-
lamanca hacía años que había cumplido su fun-
ción represiva. No se sabía muy bien qué hacer
con ella. Incluso, un personaje del viejo régi-
men reciclado a la democracia, Manuel Fraga
Iribarne, aconsejó al gobierno de Adolfo Suárez
la devolución de las cajas de la Generalidad a Ca-
taluña. El centro pasó a llamarse Archivo His-
entonces estuvo cerrado a cal y canto (salvo
para los elementos afectos al franquismo), lue-
go abrió sus puertas a todos los historiadores e
investigadores, que comenzaron a recuperar
parte de la Historia vedada por la dictadura.
Bastante después, cuando se aprobó la ley de
indemnizaciones a los que fueron oficiales del
ejército republicano, el Archivo sirvió para ex-
pedir los certificados acreditativos pertinentes
a las personas afectadas. Esta función informa-
tiva la ha seguido cumpliendo cuando se han
promulgado otras leyes, como la del Gobierno
Vasco, en noviembre de 2002, a favor de quie-
nes sufrieron privación de libertad un mínimo
de seis meses. O cuando un particular quería in-
dagar sobre el pasado de un familiar.
tuciones que fueron desposeídas, por la fuer-
za de las armas, de sus archivos, comenzaron
a reclamarlos. El caso más conocido es el de la
Generalidad, que en 1984 reclamó 507 cajas
de legajos, entre los cuales es muy posible que
figuren documentos requisados por esta insti-
tución a la CNT, especialmente cuando los mo-
vimientos revolucionarios de 1933 y 1934. La
reclamacIón estuvo a punto de ser resuelta a
su favor en 1995, cuando la ministra de Cul-
tura socialista Carmen Alborch anunció la de-
volución de los papeles a Cataluña. Pero,
entonces, el alcalde de Salamanca, también so-
cialista (¿?), respondió convocando una mani-
festación en la plaza Mayor de la ciudad a la
que asistieron 55.000 personas. ¡Hay que ver
se puede ser, a la vez, socialista y desmemo-
riado y desconsiderado con el pasado de tan-
tos y tantas militantes socialistas asesinados y
represaliados! Fue también entonces cuando
la CNT, en nombre de todo el Movimiento Li-
bertario español, hizo su reclamación.
ticia, de reparación a las víctimas de la
represión y de reconocimiento de su dignidad.
Es en este momento cuando se plantea, por en-
cima de los principios anteriores, la falacia de
la "unidad" o "integridad" del Archivo, un ar-
gumentos falsamente "científico", y rechaza-
do por organismos internacionales, como el
Tribunal de la Haya o la UNESCO, quienes afir-
man categóricamente que los botines de gue-
rra deben ser devueltos siempre que sea
posible. Es curioso ver cómo en estos casos no
es respetado, en absoluto, el sacrosanto dere-
cho de propiedad por aquellos que se consi-
deran sus mayores adalides.
señalado destacados especialistas la pretendi-
da "unidad" de la documentación nunca ha
existido. El historiador Juan Pablo Fusi, miem-
bro de la Comisión de Expertos, reconoce que
el Archivo es el fruto de un caótico saqueo del
que fueron víctimas personas particulares y
entidades de 17 provincias distintas. Para Bor-
ja de Riquer, otro de los comisionados, la úni-
ca "unidad" es que todos los papeles están en
esto es cierto, puesto que desde los primeros
años el Archivo fue "perdiendo" una parte im-
portante de sus fondos. Así, a la familia Primo
de Rivera, se le devolvió documentación pro-
pia. Un volumen considerable de papeles fue
enviado al "Archivo de la Guerra de Libera-
ción" y se encuentra hoy en el Archivo Gene-
ral Militar de Ávila. Otra parte fue enviada al
Servicio Histórico Militar y otra más salió para
formar parte de la "Causa general contra la do-
minación roja". Más tarde, durante los gobier-
nos del PSOE (Felipe González), según fuentes
del propio Archivo, diverso material histórico
del PSOE y UGT fue sacado del mismo. Inclu-
so, parte de documentación de la CNT y del ML
puede estar en alguna fundación socialista.
En la actualidad, todos los centros de docu-
mentación están sustituyendo la consulta de
los frágiles documentos originales en papel
por soportes microfilmados y/o digitalizados
de sus contenidos. Con estos sistemas estaría
resuelta la cuestión de la función científica
del Archivo de Salamanca, tanto en su "acce-
sibilidad" a los investigadores como en su "uni-
dad", en la medida en que quedarían
depositados en un único centro los microfilmes
de todos los documentos de que dispone en la
actualidad. Esto posibilitaría la restitución de
los originales a sus legítimos propietarios.
sionado en representación de la Universidad
de Salamanca, Antonio Morales, quien dice que
hay que "conservar la integridad de los archi-
vos para que sirvan de testimonio de la repre-
sión". Esto equivale a decir que la mejor forma
de testimoniar un robo es que el ladrón se que-
de con el objeto robado, o que los militantes
obreros fusilados durante la guerra civil deben
seguir enterrados en las cunetas para testi-
moniar su asesinato por las hordas fascistas.
militar, nosotros tenemos más razones para
propugnar la "integridad" de un Archivo de la
Historia de la CNT y del MLE; es decir, que los
fondos expoliados a las organizaciones liber-
tarias vayan, por ejemplo, a la Fundación de
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo.
del gobierno socialista español ha dado un giro
en la situación de las reclamaciones al Archi-
vo de Salamanca. Fruto del pacto PSC-ERC-ICV
la Generalidad exigió con fuerza la devolución
de sus 507 cajas retenidas en Salamanca. El go-
bierno de Rodríguez Zapatero, necesitado de
los apoyos de los partidos catalanes, apremió
al Archivo a formar una Comisión de Expertos
que dictaminase al respecto.
tos fueron nombrados en base a conseguir el
objetivo político fijado de antemano. Nos ex-
traña que los representantes de las institucio-
nes castellano-leonesas (Ayuntamiento de
Salamanca, de la Universidad salmantina y de
la Junta castellano-leonesa no se hubieran per-
catado antes y denuncien ahora que todo ha
sido -en palabras del comisionado represen-
tante del Ayuntamiento de Salamanca- "una
encerrona y una farsa".
en "expertos", sin dar representación a las or-
ganizaciones expoliadas (a parte, claro está, del
ejecutivo autonómico catalán). Y denuncia-
mos, asimismo, que el único propósito de la Co-
misión nombrada ha sido acordar la devolución
a la Generalidad de sus legajos. Así lo recono-
ce José Álvarez Junco (El País, 31/12/04): en
111
archivos para que sirvan de testimonio de la
represión" equivale a decir que la mejor forma de
testimoniar un robo es que el ladrón se quede con
lo robado
Todo sigue atado y bien atado
Archivo General de la Guerra Civil (AGC) de Salamanca (que dirige el Ministerio de
Cultura) presentó su dictamen "no vinculante" favorable a la reclamación presentada
por la Generalidad catalana de los fondos que le fueron robados y que se hallan
depositados en el citado Archivo. Pocos días después la Ministra de Cultura Carmen
Calvo afirmó, en nombre del gobierno español, que aplicaría las recomendaciones de la
citada Comisión