Así, aún en su parcial y deficiente aplicación, la economía de mercado hasta el momento se ha visto incapaz de proporcionar bienestar y confianza sostenida a la mayoría de gente, de aglutinar el grueso del cuerpo social en torno a un modelo de vida y a una idea de futuro. Es por ello que en rigor no se puede hablar de "nuestro" sistema económico sino de "el" sistema económico, porque el común de la gente ni hemos elegido este sistema ni lo podemos modificar a voluntad, y si participamos de él es, ante todo, porque nos viene impuesto. Porque vivimos en un mercado global donde los poderosos, ya sea produciendo, comprando o vendiendo, imponen sus condiciones a todos los demás, incluso por encima de la dignidad y los derechos humanos; no hablemos de la preservación del medio ambiente.

Por motivos similares y abundando en la justa delimitación de competencias y responsabilidades, en rigor tampoco parece apropiado hablar de "nuestro" sistema energético o, igualmente, referirse a los males que los humanos "estamos" causando al medio ambiente y los ecosistemas del planeta. Es esa perversa fórmula tan políticamente correcta y tan al uso por el poder de extender su responsabilidad a todo bicho viviente, cuando resulta obvio que la responsabilidad de cada cual frente a determinada realidad es equivalente a su capacidad real de modificarla. De hecho, las consecuencias de determinado proyecto o actividad sobre los bienes naturales, la economía y la vida de las personas, particularmente de la población que depende más directamente del ecosistema afectado, generalmente son perfectamente atribuibles a instituciones y personas concretas. De la misma manera, aunque todos somos consumidores de energía, para nada la consumimos todos por igual; ni mucho menos somos todos igualmente responsables de cómo es y cómo funciona el sistema y el mercado energético en que nos toca vivir. Resulta insoportable ver que quienes acaparan los auténticos beneficios del actual sistema energético siempre tratan de socializar sus perjuicios, haciendo responsable de ellos al conjunto de la población. No nos dejemos engañar: la mayoría de la gente somos escasamente responsables de que la política energética siga firmemente basada en el petróleo, de que la agricultura industrial necesite tres calorías equivalentes de petróleo para producir una caloría de alimento, de vivir en casas que son sumideros de energía, de desplazarnos por doquier en vehículos a motor, de la adopción de estrategias comerciales que fomentan el consumo energético y la fabricación y utilización innecesaria de plásticos y otros tóxicos contaminantes, etc.; ni siquiera del constante aumento del consumo energético en nuestro país... En gran medida se trata de realidades impuestas por la inercia tecnológica y los intereses industriales. Como ciudadanos de países democráticos, somos soberanos a través de "nuestros" representantes, pero el control de la opinión pública desde los poderes económicos y políticos es tal que la verdadera revolución energética siendo ya perfectamente posible, probablemente sólo vendrá con la crisis final de escasez y al dictado de dichos poderes.

En realidad, la espiral irracional de producción y consumo que alimenta el brutal despilfarro energético en el que estamos inmersos es responsabilidad de un puñado de instituciones y élites dirigentes en el ámbito mundial. Son los mismos que imponen o venden tecnología obsoleta o industrias y productos contaminantes a los países pobres o "en vías de desarrollo"; esos capaces de bloquear el primer gran consenso político-energético logrado en Kioto, a pesar de su precario alcance; del mismo equipo que los que ahora en España nos quieren vender una energía "verde"... Evidentemente, la estrategia de extensión pública de responsabilidad va encaminada a que ésta se diluya e ignore. Si todos somos responsables del sistema energético no hay nada que criticar ni que cambiar: es un mundo "casi perfecto" (como rezaba un reciente spot publicitario de Unión Fenosa). Se trata de una técnica usual de marketing en claro paralelismo con la externalización real de costes tan común a cualquier actividad industrial que explota un determinado recurso natural con un impacto ambiental y/o social: en lugar de internalizar, de cuantificar y asumir los costes económicos derivados de la adecuada corrección o compensación de estos impactos, se externalizan, es decir, se deja que los perjuicios y los costes correspondientes recaigan sobre el medioambiente y las gentes afectadas. La internalización de costes ambientales de las actividades productivas está aún poco desarrollada en el mundo, y mucho menos en nuestro país dadas las lagunas legales, la poca sensibilidad ambiental de las empresas, la permisividad y el común desinterés de las administraciones. Con un proceso de evaluación de impacto ambiental que presenta graves deficiencias, de escasa exigencia y exiguo cumplimiento de unas medidas correctoras ya de por sí muchas veces insuficientes o inadecuadas, por ahora parece ocioso pedir que se asigne un valor económico a una población, una comunidad biológica, un paisaje, etc., para contemplarlo en el análisis de viabilidad y rentabilidad de los proyectos.

En 1978, la producción eléctrica española total fue de unos 100.000 GWh; de 150.000 en 1990, y de 224.944 en el año 2000, un 7,2% más que en 1999. Sin embargo, el consumo final resulta ser bastante menor que la producción, entorno al 44% en la década de los 90, aunque creciendo de forma constante desde el 38% en 1991 hasta el 57% en 2000. Las formas convencionales de producir el grueso de esta energía conllevan un fuerte impacto ambiental, especialmente la térmica, con utilización de carbón u otros combustibles fósiles y emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes; la nuclear, con graves problemas de seguridad y de gestión de los residuos de combustible; y la hidráulica, que conlleva la construcción de grandes presas y otras infraestructuras, con desalojo y desplazamiento de población, así como destrucción o grave alteración de los ecosistemas fluviales afectados.

Mucho se habla de la necesidad de implantar energías renovables para enfrentar el cambio climático, pero la realidad es que a pesar de su avance en España en los últimos años, las energías renovables no están sustituyendo un solo kilovatio producido con emisión de CO2. Es más, en nuestro país no sólo se están construyendo bastantes presas, muchos parques eólicos y algunos solares, sino también grandes centrales térmicas. Y es que hoy el consumo de energía eléctrica en España es más del doble que en 1975, pero la política energética se orienta sobre todo a satisfacer una desbocada demanda de energía que crece más entre un 6 y un 8% cada año. Desde luego, no podemos esperar poder hacer frente a este crecimiento ilimitado sin pasar la factura a nuestro medio ambiente; y aquí sí que "nuestro" medio ambiente es el de toda la humanidad. Según datos de este año 2003, España es uno de los países que más se está alejando de los compromisos de Kioto. La única forma de reducir las emisiones y empezar a transformar el sistema energético es gestionando la demanda, lo que pasa por propiciar una verdadera cultura de ahorro energético. Lejos de ello, nuestro Gobierno sigue a lo suyo, que es seguir incrementando la oferta y el consumo a toda costa, en total coincidencia con las compañías eléctricas; de hecho, en 2001 eliminó de los presupuestos una exigua partida de 30 millones de euros destinada al fomento del ahorro energético.

Por otro lado, para romper esa falacia tan usualmente difundida por las compañías de turno, hay que decir que es rotundamente falso que el sistema eléctrico peninsular en España sufra una carencia de potencia eléctrica y por tanto no sea capaz de satisfacer la demanda de electricidad. En realidad, en España existe un importante excedente de potencia eléctrica instalada, con un margen de seguridad aceptable incluso considerando la importante contribución de la hidroeléctrica (sujeta a la disponibilidad de agua embalsada). De hecho, en los últimos años la generación de electricidad por medio de la cogeneración y las energías renovables ha ido ascendiendo, absorbiendo una parte creciente de la demanda eléctrica. Para demostrarlo, no hay más que acudir a los datos de Red Eléctrica de España (REE). Según su "Informe 2000 de Operación del Sistema Eléctrico", a 31 de diciembre de 2000 la potencia eléctrica convencional (hidráulica, nuclear, carbón y fuel/gas) instalada en el sistema peninsular sumaba 44.079 megavatios (MW). A ello, según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), hay que sumar 8.695 MW de potencia en régimen especial (fundamentalmente, energías renovables y cogeneración con gas natural). Es decir, un total de 52.774 MW de potencia en todo tipo de centrales. Sin embargo, en un momento de máximo consumo histórico, concretamente el 25 de enero de 2000, de 19h a 20h, la potencia que fue necesario poner en marcha fue de 33.236 MW. Es decir, existe un excedente de al menos 19.538 MW, cifra que supera con mucho los 7.799 MW instalados en centrales nucleares. La cobertura de esta máxima demanda de potencia se realizó de la siguiente manera: térmica 44%, hidráulica 22%, nuclear 22%, régimen especial 11%, e intercambios internacionales 1%. Es decir, la contribución de las energías en régimen especial (cogeneración y renovables) fue del 11%. El mensaje de que "hay que instalar más potencia eléctrica" se suele lanzar cuando se dan apagones u otros fallos en el servicio, con la intención de mentalizar a la masa social y recabar su apoyo hacia nuevas instalaciones cuando llegue el momento.

En este punto, y dada la creciente usurpación y perversión de conceptos relativos a la energía u otros recursos tan propios del lenguaje ecologista o ambiental como "verde", "limpio" y "renovable", es conveniente un inciso aclaratorio: "verde" es un término totalmente impreciso que hoy sirve para vestir y presentar cualquier cosa como "ecológica"; como "energía limpia" se suele denominar a aquella que no produce emisiones contaminantes y de efecto invernadero, pero también se utiliza para identificar la que se puede obtener a costa de un impacto ambiental muy escaso o nulo; finalmente, como "energía renovable" se conoce a aquella que utiliza recursos que se renuevan o reemplazan cíclicamente como el agua, el viento o el sol, generalmente sin consumirlos.

Desde AEMS-Ríos con Vida asumimos que la producción de energía con fuentes renovables también puede tener alguna clase de impacto ambiental significativo. En el caso de la eólica y la solar el impacto depende ante todo del lugar de ubicación. Nuestro país padece la crónica ausencia de una adecuada planificación y ordenación del territorio, además de una pobre regulación legal sobre protección ambiental y muy precarias garantías de una valoración adecuada de impactos. Con estas carencias y con las medidas de apoyo a las renovables, la industria se ha lanzado a la instalación de parques eólicos por doquier. Siempre en busca de la mayor y más rápida rentabilidad, los aerogeneradores han colonizado valiosos hábitats de aves esteparias o zonas de paso de migratorias, provocando daños a dichas especies. En cuanto a la energía solar, a pesar de sus enormes posibilidades en nuestro país, la Administración parece firmemente aliada con las compañías eléctricas para mantenerla en subdesarrollo. Baste decir que países del norte de Europa, con mucha menos potencialidad que España, han instalado muchísima más potencia solar en su territorio. Sí, en nuestro país se construyen algunas grandes plantas solares, a veces asociadas a una determinada actividad productiva o a edificios de servicio público, y por supuesto goza de subvenciones a la instalación y a la producción. Pero resulta que la solar sí que es una competidora potencialmente peligrosa para las compañías eléctricas dada su idoneidad para un autoabastecimiento particular y doméstico, y no interesa para nada que los ciudadanos se independicen de la red eléctrica general. Cabe recordar los casos de varias personas que en los últimos años han tratado de ingresar a la red y vender a la compañía de turno su excedente de energía solar, a lo que por ley tienen derecho. El intento se ha convertido en una ardua carrera de obstáculos de incierto y desigual resultado. Una verdadera política de fomento de la energía solar en nuestro país sería totalmente viable y altamente positiva para el medio ambiente, pero no para las cuentas de resultados de las compañías eléctricas. Está claro quiénes son los verdaderos responsables de nuestro sistema energético.

Por otro lado, las centrales hidroléctricas instaladas en ríos y otros ecosistemas acuáticos conllevan inherentes y graves efectos ambientales, por lo cual nuestra organización se opone frontalmente a este tipo de generación. La energía eléctrica no se puede almacenar, pero sí se puede embalsar agua para turbinarla cuando se necesita o cuando exista demanda de riego o eléctrica y por consiguiente, sobre el precio de venta, se procura una rentabilidad mayor. Naturalmente, este proceder es difícilmente compatible con el mantenimiento de un régimen de caudales que permita a los ríos vivir aguas abajo de las presas. Los ríos son ecosistemas lineales y continuos, compuestos por un cauce y unas riberas con comunidades vivas en íntima relación, donde agua y calor, sólidos y nutrientes circulan aguas abajo, mientras que la biomasa en forma de invertebrados, peces, etc. lo hace en ambas direcciones, aguas abajo y arriba. Las presas de las centrales y minicentrales eléctricas suponen una barrera que impide o dificulta el paso de las especies migratorias, particularmente los peces, lo cual ha causado la extinción de peces como el esturión europeo e importantes retrocesos de otros como el salmón atlántico, la trucha común, la lamprea marina, el sábalo y la saboga, la anguila, etc. Por otro lado, las instalaciones hidráulicas en general provocan escasez de caudal entre el punto de toma y el de restitución de las aguas al río, así como un régimen de caudales totalmente artificial, bien en el río aguas abajo de la presa o bien aguas abajo de la descarga de caudales. Todo ello suele reducir la calidad y la diversidad del hábitat, lo que provoca la desaparición o retroceso de numerosas especies de vegetación, invertebrados, peces y otros elementos del ecosistema, alterando su composición y funcionamiento. El impacto es mayor cuanto más alta es una presa y mayor es el caudal que regula. Con más de 1.200 grandes presas en nuestros ríos, España ya es uno de los primeros países del mundo en número de presas por número de habitantes, por lo que la potencia y el poder del sector hidroeléctrico en España es enorme; y con las casi 100 nuevas grandes presas del Plan Hidrológico Nacional (PHN) (que de lógico, racional y sostenible tiene bien poco) nuestro país va a destacarse a la cabeza de este penoso ranking. De hecho, resulta imposible entender el monumental despropósito del PHN sin el concurso de los intereses eléctricos, sencillamente porque carecería de cualquier explicación racional. No resulta extraño si recordamos que el Secretario de Estado de Aguas nombrado en la primera legislatura del PP fue el insigne Benigno Blanco, hombre fuerte en el Consejo de Iberdrola, que ahora por cierto se encuentra imputado junto a otros altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente por varios delitos, incluido el de prevaricación, por aprobar el proyecto de la presa de Santaliestra (Huesca, Cuenca del Ebro), ignorando reveladores informes de riesgos geológicos asociados realizados por el propio Ministerio. Esperemos que la Justicia ponga a cada cual en su sitio.

Respecto a la energía minihidráulica, al ser considerada renovable y de bajo impacto (!) recibe subvenciones por la instalación, pero también unos 7 céntimos de euro por kilovatio producido, cuando el kilovatio normal se paga en torno a los 3 céntimos. Son oportunidades de negocio que los promotores de minicentrales, hoy en muchos casos las mismas grandes compañías eléctricas que explotan centrales térmicas, nucleares o grandes hidroeléctricas, no se resignan a perder. Las minicentrales frecuentemente se instalan en las zonas fluviales mejor conservadas, en las cabeceras y tramos altos de los ríos, devaluando recursos naturales como la fauna, la flora y el paisaje, y perjudicando un desarrollo rural armónico y sostenible. Podrían ubicarse en canales de riego y salidas de depuradoras, donde el caudal está asegurado y, por tanto, la inversión, pero los proyectos usualmente eligen la situación y el diseño que proporcionan un aprovechamiento más rentable, a menudo también los más dañinos para el río. También es frecuente que se concatenen varias presas y centrales en un tramo fluvial relativamente corto, lo cual multiplica e intensifica los impactos. Por otro lado, como en el caso de la gran hidráulica no existen garantías legales suficientes que permitan corregir el efecto barrera y la degradación del medio a causa de la regulación de los caudales. Las pocas medidas de corrección y control de impactos que se establecen se incumplen o no se aplican como es debido. Los promotores siempre aseguran que sus nuevos proyectos son absolutamente compatibles con la conservación del ecosistema, pero mientras maltratan y degradan impunemente los ríos que ya explotan gracias a ventajosas concesiones y con inhibición o connivencia de la autoridad hidráulica competente.

"Energía verde".